Reforma Código Civil y Comercial: Ponencia ante la comisión bicameral

Sobre el Proyecto de Ley de Código Civil y Comercial y su significación en el ámbito religioso
Por la igualdad, la ampliación de derechos y contra la discriminación en el
ámbito religioso

Artículos de referencia: 146, inciso c) y 148 y siguientes referidos a las personas
jurídicas privadas.
Al presentar el Proyecto de Ley del Código Civil y Comercial (PLCCyC), la Presidenta
de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner destacó la intención de asegurar la
igualdad a todos los habitantes de la Nación, enfatizando: “…el sesgo de la libertad e
igualdad que es lo que campea en toda nuestra Constitución …asegurar la libertad y
la dignidad de las personas para elegir su forma de vida”. Y en ocasión de la entrega
de documentos a partir de la ley de identidad de género en el acto del 2 de julio del
corriente año dejó en claro que “La igualdad es tan importante como la libertad”.
Como miembros de iglesias evangélicas que encuentran su fundamento en el mensaje
bíblico no podemos menos que concordar plenamente con este objetivo. “Dios no hace
acepción de personas”, dice claramente la Biblia (Gál 2: 6 et als.). Cuestiones de raza o
religión (judío o griego), condición legal o social (esclavo, libre), o de diferencias
sexuales (varón, mujer) no son justificativo para marcar diferencias entre las personas
(Gál 3: 28). Y podríamos seguir enumerando textos bíblicos y argumentaciones
teológicas que nos avalan en este sentido.
La ampliación de derechos y la lucha contra toda forma de discriminación son los
principios enunciados por quienes han trabajado en este proyecto y que motivan esta
reforma. Como instituciones religiosas y organizaciones civiles claramente
comprometidos con la libertad e igualdad, celebramos el camino emprendido, tal como
lo hemos expresado al apoyar cada lucha contra la discriminación racial, de género,
étnica o los prejuicios sufridos por los pueblos originarios. De la misma manera
afirmamos que el establecimiento de diferencias, y más aun de privilegios, basados en
filiación religiosa o creencias, son contrarios tanto a la fe que profesamos como a los
principios filosóficos y jurídicos que animan esta reforma legislativa. Por lo tanto, más
allá de que en algunos casos puntuales podamos debatir la forma en que esta igualdad se
expresa en la legislación, el valor fundamental de la igualdad, junto con el de la libertad,
serán objeto de nuestro acuerdo y claro compromiso con el mismo. La subsistencia de
desigualdades no puede sino producir malestar en quienes se vean afectados por estas,
y eventualmente promover nuevas cuestiones legales y procesos judiciales.
Consideramos que para avanzar hacia la libertad e igualdad, pilares fundamentales para
un Estado Constitucional, Social, Democrático y de Derecho, el presente proyecto de
ley debe incluir el reconocimiento a la diversidad de las expresiones y comunidades de
fe que alberga nuestro pueblo, a su especificidad y funcionamiento. En esta materia
subsisten instituciones discriminatorias creadas por gobiernos de facto, como la Ley de
Registro de Cultos (ley 21.745), establecida por la última dictadura cívico-militar, cuya
derogación reclamamos.
El Proyecto bajo estudio, al no reconocer la existencia y particularidades de las iglesias,
asociaciones y comunidades religiosas, y asimilarlas de hecho a personas jurídicas de
derecho privado que tienen objetivos distintos, impone limitaciones y regulaciones que
obstaculizan la normal actividad y funcionamiento de las iglesias y comunidades de fe.
El cuidadoso ordenamiento que el PLCCyC prevé para las personas jurídicas privadas,
plenamente justificado en su necesidad de controlar las actividades de las asociaciones
comerciales y otras actividades civiles, resultará en la práctica de muy difícil
cumplimiento para muchas asociaciones religiosas, cuando no incompatible con el
ordenamiento interno propio de una iglesia, generando una inconveniente duplicidad
institucional (una persona jurídica adaptada al régimen legal por un lado, y la institución
propiamente religiosa funcionando en paralelo, como ya está ocurriendo en algunos
casos). Ello, en la práctica, significará una restricción a la libertad religiosa. Si la Iglesia
Católica deja de ser una persona pública, y debe acogerse a las mismas obligaciones y
derechos de las otras entidades religiosas, quedará en evidencia la arbitrariedad que
significa imponer a las instituciones religiosas las pautas y criterios que rigen a las
asociaciones civiles creadas para otros fines.
Por ello solicitamos que el próximo Código Civil y Comercial a sancionarse a partir de
los dictámenes de esta honorable Comisión Bicameral contemple el pleno
reconocimiento de la actividad religiosa en sus variadas expresiones, formas y
creencias. A su vez, que prevea la especificidad de la particular función de las
instituciones religiosas y sus derechos a ejercer libremente su culto y actividades
concurrentes, sin intervención del estado o de otras instancias regulatorias, siempre
dentro del marco de las leyes que velan por la vigencia de los derechos humanos, el
orden social, la sana administración de bienes y el respeto de las personas.
Eventualmente corresponderá una legislación complementaria, elaborada
consensuadamente, ordenar las condiciones de reconocimiento y ejercicio particular de
la actividad religiosa. Esto no debe pensarse como el reclamo de privilegio alguno, sino
en el reconocimiento de la particularidad de las identidades religiosas, sus funciones y
funcionamiento, y las condiciones y derechos para que puedan desarrollar sus
actividades libre y responsablemente.
Por otro lado, es parte de nuestra historia como iglesias evangélicas con larga tradición
en el país haber defendido siempre la separación de Estado e Iglesia. Es parte de nuestra
convicción que solo un estado laico puede asegurar la plena libertad religiosa. Sea en
los antecedentes de la discusión por la regulación de Cementerios, por la creación del
Registro Civil (frente a la vigencia del matrimonio católico) o por la educación laica,
hombres y mujeres de diversas denominaciones evangélicas, y las mismas iglesias y
asociaciones de esta confesión, participaron activamente en sostener la necesidad de una
legislación que avance en el camino de la plena vigencia de un Estado que reconoce la
libertad y diversidad religiosa desde una posición de neutralidad. Por ello resistimos la
imposición del uso del poder estatal para dar preferencia a una determinada creencia o
institución religiosa.
Por lo tanto, consideramos un contrasentido que se mantenga una situación de
diferencia religiosa, al sostener a la Iglesia Católica como persona pública (art. 33 del
Código vigente y 146, inciso c. del PLCCyC). ¿Cuál es la justificación jurídica de darle
el mismo status que a las instancias estatales o los estados extranjeros? ¿Por qué
diferenciarla así de las otras iglesias, comunidades de fe, o de las cosmovisiones y
espiritualidades de diversas comunidades que viven en nuestro país desde hace tiempo,
incluso las de los pueblos originarios? Ello genera desigualdad frente a las demás
confesiones, credos y creencias, tanto a nivel institucional, como de sus ministros y de
sus creyentes, perjudicando a la cuarta parte del pueblo argentino que abraza otras
creencias o ninguna1. A nivel institucional, ¿por qué la Iglesia Católica tiene un status
jurídico diferenciado, que la exime de los deberes y obligaciones de las otras entidades
religiosas? Esto también afecta sus ministros, dado que los ministros católicos pasan a
tener privilegios propios de los agentes estatales, mientras que quienes profesan otras
religiones se ven dificultados para cumplir de igual manera sus funciones. Quizás
cuando se redactó el anterior código se podía justificar a partir de la vigencia del
Patronato, de la obligación de que el presidente y vicepresidente de la Nación
profesaran el culto Católico, o el mandato de “convertir a los indios al catolicismo”,
según la antigua Constitución. Pero a partir de la Reforma Constitucional de 1994 estos
condicionamientos han cesado.
Si bien conocemos que en su artículo segundo nuestra Constitución Nacional establece
que “El Gobierno federal sostiene el culto Católico Apostólico Romano”, ello no obliga
a avanzar en el otorgamiento de otros privilegios y estatutos. La disposición de la
Constitución Nacional, que ya de por si consagra un status diferenciado al culto
Católico, no necesita reforzarse con esta cláusula, ya que su texto no obliga a darle un
status legal particular a esta Iglesia. El hecho de la misma redacción de este artículo
constitucional muestra el sentido limitado del reconocimiento que los constituyentes
quisieron otorgar al culto católico, ya que frente a opciones que le alentaban a establecer
al catolicismo como religión oficial, la mayoría prefirió esta fórmula más abierta, que
deja a la legislación regular establecer los modos y formas de ese sostén. Si bien
aspiramos a que en un futuro aún esta formulación pueda ser revisada en favor de una
plena separación de Iglesia y Estado, asegurando una total igualdad en el campo
religioso, la actual reforma del Código Civil puede ser una oportunidad para avanzar en
una política que reconozca a todos los cultos sin distinciones, y a la vez diferenciarlos
claramente del aparato estatal y de gobierno.
Coincidimos con nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando afirmó que
necesitamos “tener instrumentos que les sirvan a todos los hombres y a todas las
mujeres cualquiera sea el Dios al que le rece o aún cuando no tenga ningún dios
para quien hacerlo.” Si el PLCCyC busca superar institutos desactualizados,
desigualdades injustificables y restricciones a la plena libertad de los ciudadanos, esta es
una buena oportunidad para corregir también este asunto.
En síntesis, esperamos del futuro Código Civil y Comercial que:
a) reconozca la especificidad de las iglesias, asociaciones y comunidades
religiosas, la plena libertad para el ejercicio de sus funciones y sus prácticas
cultuales, y el respeto por sus propias formas de organizarse, siempre dentro de
un marco que asegure el respeto por las personas y la sociedad;
b) establezca la plena igualdad entre todos los cultos, avanzando en la separación
Estado-Iglesia.
Somos concientes que, una vez aceptados estos principios, deberá plantearse una
legislación complementaria específica, que deberá elaborarse consensuadamente.
Aprovechamos esta oportunidad para indicar que, a nuestro criterio, el proyecto que en
tal sentido ha presentado el diputado A. Atanasoff no reúne estas condiciones, ya que se
basa en un antecedente que nuestra Federación claramente ha rechazado.
No planteamos estos temas en busca de privilegios particulares para el orden religioso o
desde un espíritu anticatólico. Por el contrario, nos inspira un espíritu de servicio, una
vocación de justicia y una convicción ecuménica y de diálogo que propicia la igualdad
1 Datos de la PRIMERA ENCUESTA SOBRE CREENCIAS Y ACTITUDES RELIGIOSAS EN ARGENTINA, accesible en http://www.culto.gov.ar/encuestareligion.pdf
de las condiciones de todos los participantes. Las asimetrías jurídicas, los privilegios
consentidos por el estado y las diferencias legales afectan claramente la posibilidad de
un diálogo que asegure a todos los participantes una plena libertad frente a si mismos,
frente a los demás y frente al estado que, imparcialmente, debe contenernos a todos y
todas por igual.

Dr. Néstor Míguez
Presidente
Federación Argentina de Iglesia Evangélicas
Agosto de 2012

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