Presentación de la FAIE en la Legislatura de La Plata

Sobre la Reforma al Código Civil
Presentación en la Audiencia de la Comisión Bicameral en La Plata

Las iglesias de tradición evangélica representadas en la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas nos presentamos ante esta audiencia, como ya lo hicimos en otras, para reafirmar nuestra continuidad en una activa participación en la vida espiritual e institucional de nuestro
país, de la cual venimos formando parte desde los inicios de la gesta patria. Efectivamente, un largo proceso histórico nos trae a este punto para reforzar nuestro reclamo por una plena libertad e igualdad religiosa en nuestro país. Así como en otros momentos debatimos sobre otros temas, y asumimos otros reclamos como propios en solidaridad con quienes han
padecido discriminación, persecución o violación de sus derechos básicos como seres humanos, hoy presentamos nuestra esperanza de respeto por la identidad y tarea de las instituciones religiosas.
Ya en la Asamblea de 1813 se estableció un primer principio de tolerancia a los cultos distintos del Católico Romano, siempre que se realizaran en privado y en lengua extranjera. Si bien es una tolerancia muy restringida, demostraba la presencia de una pluralidad religiosa en
los albores de nuestra nación, y un reconocimiento a la licitud de esa diversidad.
Poco a poco fue creciendo ese reconocimiento. Primero se autorizó la construcción de templos propios, y luego la tarea de acompañamiento a los fieles más allá de las fronteras de los predios específicos dedicados al culto. Ello lleva a que en 1853 la Constitución Nacional, si bien privilegiaba a la Iglesia Católica a través del art. 2, declarara una irrestricta libertad de cultos.
En sucesivos momentos, a través de la ley de Matrimonio Civil o de Educación Laica, se fue reconociendo en nuestra legislación la pluralidad religiosa y la necesidad de que el Estado se diferencie de cualquier confesión en particular. Sin embargo esos avances se contraponen con,
justamente, cierto articulado del Código Civil que establece nuevamente vínculos más estrechos entre Estado e Iglesia Católica. En su versión original la llama simplemente “la Iglesia”, propiciando su reconocimiento como persona pública, si bien reconocía la existencia de otras entidades religiosas. Esta situación será reforzada por la reforma introducida por el gobierno de facto presidido por Juan Carlos Onganía, que en 1968 modifica el Código Civil especificando que es la Iglesia Católica una persona pública y desconociendo la existencia de otras iglesias o entidades religiosas. Por lo tanto nuestras iglesias se han visto forzadas a operar como personas jurídicas de derecho privado. Esto nos obliga a adaptarnos a formas que no son propias del ámbito religioso, forzando a las iglesias y asociaciones religiosas en esquemas que no hacen justicia a su identidad y función social.
Un nuevo gobierno dictatorial, el que se instala el 24 de marzo de 1976, dictará una legislación restrictiva, creando el “Fichero de Culto no católico” (ley 21.745), cuyo nombre ya indica el sentido discriminador y controlador de esa ley que, desafortunadamente hoy sigue vigente (si bien se cambio el nombre por “Registro de Cultos”). Es parte de nuestro reclamo la eliminación de esa legislación impuesta por un gobierno que nadie eligió.
Una plena libertad e igualdad religiosa solo será posible en la medida en que el Estado se diferencie de cualquier credo o confesión religiosa en particular y reconozca la pluralidad que hoy vive nuestro país. Por ello pedimos que se modifique el particular status que privilegia al catolicismo y lo une al ámbito estatal, que en el nuevo código persiste en el art. 146, inc. C).
A la vez, es necesario que se contemple la particularidad de las iglesias, asociaciones y comunidades religiosas, que no pueden asimilarse simplemente a otras personas jurídicas del derecho privado. La tarea de asistencia a sus fieles, su libertad para dar a conocer su mensaje
sin distorsiones, su capacidad para expresar su fe a través de sus cultos, ritos y de vivir de acuerdo a sus convicciones éticas debe ser respetada y facilitada, porque hace a la dignidad de las personas. Esto no implica privilegios o excepcionalidades sobre lo que marca la ley y el
bien común, sino el cuidado por las identidades particulares y la libertad de conciencia y asociación. Por lo tanto proponemos un artículo que reconozca específicamente estos derechos, que luego deberán ser reglamentados u objeto de una legislación complementaria.
Entregamos aparte a los miembros de esta Honorable Comisión Bicameral documentación que contiene nuestras sugerencias a este respecto. Otros gobiernos de la región ya han legislado en ese sentido, y esperamos que nuestro país, que ha mostrado su sentido de avanzada en otros aspectos, también lo haga en este.
Por ello pedimos que la reforma que se está debatiendo contemple la pluralidad de identidades religiosas en el país. Es necesario, a nuestro parecer, que se incluya un artículo específico sobre las asociaciones con finalidad religiosa, que consagre su libertad, que respete el derecho
a darse su propia organización interna, que asegure la posibilidad de asistencia a sus fieles y proclamación de su mensaje, que las ponga a salvo de intromisiones estatales que puedan distorsionar su función y les permita celebrar su culto, difundir su literatura y sostener libremente a sus ministros.
De aprobarse esta propuesta, de reconocerse este derecho para todas las iglesias y entidades religiosas, sería ocioso y contradictorio mantener para la Iglesia Católica un estatuto jurídico diferenciado, y considerarla como persona pública. Ello, valga la pena remarcarlo, no entraría en contradicción con el artículo segundo de la Constitución Nacional, que ya en la reforma de 1994 dejó de lado otros artículos que vinculaban al Estado y sus funcionarios a la Iglesia Católica.
Ciertamente, como ciudadanos argentinos entendemos que mantener estas diferencias constituye, de alguna manera, una forma de discriminación. Esto es opuesto al propósito que alienta esta reforma. Fieles a nuestro concepto de la separación de Estado/iglesias, no pretendemos decirle a los legisladores cómo tienen que resolver las cuestiones que hacen a la
vida y convivencia, a la moral y instituciones que regulan las relaciones entre ciudadanos. No tenemos por qué establecer evaluaciones religiosas sobre las decisiones soberanas que corresponden a las instituciones que representan al conjunto de la ciudadanía. Si nos atrevemos a plantear este tema es a modo de una contribución que, como partícipes de la vida
civil, señala la necesidad de considerar una situación que nos afecta personal y colectivamente.
Si una palabra podemos decir desde nuestra identidad evangélica es que entendemos que hay un valor fundamental que debemos destacar: la búsqueda de plenitud de la vida humana. Y ello supone un sentido de justicia, de integridad, de respeto a la creación toda. Las desigualdades que marcan la vida humana, sean estas provocadas por discriminaciones de género, étnicas, económicas o culturales, así como las específicamente religiosas, todo aquello que ponga en riesgo la vida y dignidad de cualquier ser humano, especialmente los más vulnerables, son contrarias a nuestra comprensión de la voluntad del Creador.
Ciertamente veremos con alegría toda legislación que avance en darnos, a los argentinos, una mejor situación de vida y produzca una ampliación de libertades y derechos, no solo desde un punto de vista individual sino también a partir de una comunidad de vida, de aquello que hace a la igualdad y al bien común.
Queremos repetir aquí lo que dijeron nuestros representantes en la audiencia de la Ciudad de Buenos Aires. Queremos dejar en claro que no nos mueve un espíritu anticatólico, sino todo lo contrario, un claro espíritu ecuménico y de diálogo. Porque uno de los requisitos para un
diálogo fructífero es la igualdad de las condiciones de los participantes. Las asimetrías jurídicas, los privilegios consentidos por el estado y las diferencias legales afectan claramente la posibilidad de un diálogo equilibrado y profundo que asegure a todos los participantes una plena libertad frente a si mismo, frente a los demás y frente al estado que, imparcialmente, debe contenernos a todos por igual.

Pastor Juan Ángel Gutiérrez
Vicepresidente Primero
Septiembre de 2012

 

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