Fallecimiento de María Isabel Chorobik de Mariani, “Chicha”

Buenos Aires, 21 de agosto de 2018

A la familia de María Isabel Chorobik de Mariani, “Chicha”

A las “Abuelas de Plaza de Mayo”, compañeras de su lucha

A los organismos de Derechos Humanos

Al pueblo argentino

 

Al enterarnos del fallecimiento de “Chicha” Mariani, incansable luchadora por los derechos humanos, la dignidad y la identidad de las personas, queremos expresar a su familia y a toda la comunidad argentina, nuestro acompañamiento en este momento de su partida.

Su larga vida estuvo signada, por más de cuarenta años, por la marca del dolor, pero también con el fuego de la constancia y la esperanza. Esa dignidad por la que luchaba fue también su emblema y manera de ser. Su ser solidario la llevó a salir de su propio drama para ofrecerse en una lucha y búsqueda conjunta, para trasmitir al pueblo de nuestro país ese soplo de justicia que tanto seguimos anhelando. Fue bandera y ejemplo que perdura más allá de su presencia física entre nosotros. Su legado no ha de perderse, ni aún en medio de las dificultades que actualmente nos acosan.

Como personas de fe sostenemos que “no hay amor que se pierda en este mundo”, y que lo que “Chicha” es y representa, y que se inscribe en una larga y honrosa lista de seres humanos que se dan totalmente por su prójimo, no queda vacío. “La fe, la esperanza y el amor perduran para siempre, y el mayor de ellos es el amor” (San Pablo, 1ª Corintios 13, 13). Chicha fue ejemplo visible de esta verdad.

Les saludamos respetuosamente y acompañamos en la esperanza,

 

Ana M. de De Medio                                                     Néstor O. Míguez

Secretaria                                                                         Presidente

 

Entrevista con el Obispo Ojea

WhatsApp Image 2018-08-22 at 10.36.19 AMInforme entrevista con Conferencia Episcopal Argentina

Según lo agendado, Ana M. Velilla de De Medio y Néstor Míguez, como Secretaria y Presidente de la Junta Directiva de FAIE, nos reunimos el día 16 de agosto, a las 10 .00 hs. con el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina de la Iglesia Católica Romana, Obispo Marcelo Ojea, en la sede de la misma, Suipacha 1032, CABA.

La reunión fue sumamente cordial, y el Obispo Ojea mostró estar bien informado sobre FAIE, sus diferencias con otras organizaciones evangélicas, su apertura ecuménica, destacando fundamentalmente el tema de Derechos Humanos.

La conversación giró sobre variados temas: los conflictos suscitados en torno de las diferentes posiciones frente al proyecto de ley de legalización del aborto, la situación de creciente desamparo económico de grandes sectores de la población, la insensibilidad gubernamental frente a esta problemática y su persistencia en una orientación de política económica que agrava la situación, la tensión social que ello provoca, la respuesta de represión y violencia institucional, que termina dañando siempre a los más débiles y vulnerables. En ese camino se plantearon cuestiones referidas a la situación de la niñez y adolescencia, en consonancia con el encuentro realizado el sábado anterior, bajo los auspicios del Consejo Mundial de Iglesias. También se hicieron consideraciones sobre la pastoral carcelaria.

El diálogo mostró coincidencia en varias de las apreciaciones compartidas sobre estas problemáticas, así como los puntos en los cuales hay diferencias. Se planteó el tema de la separación de Iglesia y Estado y los distintos posicionamientos que hoy surgen en torno de este tema, que mientras es una cuestión histórica para la FAIE, ha sido tomada por algunos sectores hoy con cierto oportunismo político. Msr. Ojea expresó que es también una preocupación que está siendo estudiada en la Conferencia Episcopal, dado que consideran necesario rever la forma actual de esa relación, y que ello merece un encuentro y reflexión más profunda.

En conclusión se planteo una agenda a futuro para la continuidad del diálogo, sobre la base de tres tópicos: a) situación de niñez y adolescencia; b) pastoral en situación de crisis económica y contención de la violencia, y c) separación de iglesias y estado. El diálogo supone apertura y escucha, pero también honestidad en la consideración de las posiciones propias y ajenas.

 

Ana María Velilla                                           Néstor Míguez

Secretaria                                                    Presidente

CARTA ABIERTA

 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2018

Exhortación fraterna a nuestros hermanos y hermanas de ACIERA

De nuestra fraternal estima,

Cuando se inicia ACIERA (1982), nuestra Federación ya tenía más de 40 años de vida institucional y una larga historia y presencia en el país trabajando por la unidad de los creyentes, y había intervenido directa o indirectamente en muchas causas y situaciones que afectan el testimonio evangélico en nuestro país. No es secreto para nadie que nuestra Federación y ACIERA manifestaron distintas opciones y trayectorias desde su inicio, sea por su posicionamiento en lo social y político, en temas referidos a derechos humanos, así como en las convicciones ecuménicas. Tampoco se nos oculta que muchas iglesias evangélicas, sea por razones estatutarias (la Federación no admitía congregaciones independientes) o por convicción teológica, no encontraron lugar en FAIE y sí lo hallaron en ACIERA. También reconocemos que hoy ACIERA incluye una porción mayoritaria de las iglesias evangélicas. Y sabemos que algunas de las denominaciones que hoy integran ACIERA se desafiliaron de FAIE por discusiones de índole doctrinal o ética, así como hay denominaciones que mantienen una doble afiliación.

Estas diferencias crearon situaciones de mucha tensión y desconfianza, e incluso acusaciones cruzadas entre sus líderes en algunas oportunidades. No obstante, hubo momentos de mayor acercamiento y diálogo entre ambas federaciones, en búsqueda de un mutuo reconocimiento y para actuar conjuntamente frente a diversas situaciones. Actualmente seguimos juntas en la Mesa Consultiva, en vista de una posible nueva Ley de Libertad Religiosa. Y si bien en este aspecto tenemos diferencia de matices, hemos logrado cierto consenso. No fue así en el caso de la presentación ante la Suprema Corte de Justicia por el caso de educación religiosa en las escuelas públicas en Salta –que era otro de los temas acordados en la Mesa Consultiva– donde la FAIE defendió la laicidad de la escuela pública, mientras ACIERA no se presentó en las audiencias.

No viene al caso historiar todos los acuerdos y las diferencias, pasadas y recientes. Ello habla, entre otras cosas, de la pluralidad de lecturas que hacemos tanto de los textos bíblicos como de lo que significa la herencia evangélica y las formas de ser iglesia y dar testimonio en nuestra sociedad. Estas diferencias recientemente se han manifestado más claramente en los temas que hacen a la sexualidad y la concepción. ACIERA ha fijado en estos casos una cierta postura y lectura de los textos y doctrina, y manifestado públicamente de manera explícita. No pretendemos desmentir ni censurar dicha postura ni el derecho de organizar públicamente sus demostraciones. FAIE, por su lado, no ha hecho algo similar, ni en un sentido ni en otro, pues tenemos claridad de que dentro del mismo pueblo evangélico hay diversidad, y que no existe un “magisterio”, al modo católico, que diga para todos y para siempre cual debe ser nuestra comprensión de estos o cualquier otro tema controversial.

Es por ello que, con espíritu fraterno, les dirigimos esta carta: en sus declaraciones y en boca de su líderes, en sus manifestaciones públicas,  ACIERA ha expresado “la postura de las iglesias evangélicas”, como totalidad y sin matices, y sin aclarar que también hay otras interpretaciones. Hemos sentido que ello constituye un desconocimiento hacia quienes, participando de la misma fe, sin embargo tienen otras comprensiones en estos temas (y otros). Nadie, aunque tenga amplio respaldo en números, tiene el derecho ni el permiso de expresarse en nombre del “pueblo evangélico de la Argentina”, pues esto constituye un desmentido a la misma tradición evangélica de libre interpretación de las Escrituras, de la libertad del creyente, y del sacerdocio universal, que no admite jerarquías. Menos todavía que esto sea usado para compromisos políticos en el sentido de a quien se debe o no votar en las próximas elecciones, según hayan respondido o no a esta posición de fe, como vemos que se está haciendo. Ello constituiría un retorno a un concepto de cristiandad política, que fue justamente lo que enfrentó la Reforma.

No tenemos problemas en conversar sobre estos temas, acordar o disentir con respeto y amor, escucharnos mutuamente en estas cuestiones y enriquecernos unos a otros en un diálogo comprensivo. Pero es lastimoso, y no ayuda a nuestro testimonio, que haya que salir a desmentir estas expresiones autoritarias por parte de quienes queremos que se respete la diversidad y pluralidad de nuestro sentir evangélico, acordemos o no con una u otras miradas. Y así como nos duele que se use el singular “la Iglesia” para referirse a la Iglesia Católica Romana, como si fuera la única en nuestro país, también es injusto que se desconozca la pluralidad existente en el propio pueblo evangélico con respecto a diferentes temas controversiales, y que algunos se adjudiquen el derecho de representar a una totalidad que no reconozca que hay otros creyentes que piensan, sienten y actúan con otras interpretaciones de nuestra fe y de la Palabra de Dios.

Es como afirmación de nuestro diálogo y respeto que les expresamos nuestro sentir.

Les saludamos fraternalmente en el amor de Cristo

 

 

Ana V. de De Medio                                                             Néstor O. Míguez

Secretaria                                                                             Presidente

Aprobado por Junta directiva el 15 de agosto de 2018.

LEY DE LIBERTAD RELIGIOSA

Compartimos con ustedes la carta enviada a la Cámara de Diputados y Senadores en relación a la Ley de Libertad Religiosa:

 

Buenos Aires, 5 de junio de 2018

 

A los señores y señoras Diputados y Senadores de la Nación

A los miembros de las Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto

A los miembros de las Comisiones de Asuntos Constitucionales

 

Sobre la Ley de Libertad Religiosa

El día 12 de junio del año en curso el Poder Ejecutivo Nacional envió un nuevo proyecto de Ley de Libertad Religiosa para su consideración y tratamiento por parte del Congreso Nacional, que está, por tanto, a vuestra consideración. Consecuentemente, distintos sectores sociales y medios periodísticos han emitido opinión sobre el todo o partes del proyecto.

Las Iglesias evangélicas que componen nuestra Federación fueron consultadas en el proceso de elaboración del mismo, como dice el mensaje que acompaña el proyecto. De hecho, algunas de las sugerencias que hicimos en su momento fueron tenidas en cuenta en la actual redacción. También es necesario señalar que algunas fueron directamente rechazadas, se desconocieron otras y hubo modificaciones y agregados posteriores sobre los cuáles no hemos tenido conocimiento hasta que la ley fue presentada.

Ciertamente participamos del consenso en cuanto a que es necesario derogar la actual ley 21745, emanada de la dictadura militar, y establecer en su reemplazo una legislación que asegure las garantías y derechos propios de una sociedad democrática. De allí que esperamos que en esta oportunidad se alcance un consenso que permita avanzar en este tema, cosa que no ocurrió con los anteriores proyectos presentados desde el tiempo de la recuperación democrática en nuestro país.

Pasando ahora a la consideración puntual de este proyecto queremos señalar:

Sobre el alcance del proyecto

El proyecto atañe a las iglesias, comunidades, confesiones y entidades religiosas, según el reconocimiento de personas de derecho privado que el Código Civil y Comercial hace en su artículo 148 e). Por lo tanto queda de suyo excluida la Iglesia Católica Apostólica Romana, cuya personalidad jurídica pública el citado código destaca en su artículo 146 c).  Aquí surge nuestra primera reflexión, ya que si bien se postula la libertad religiosa, queda claro que subsiste una clara desigualdad, y mientras haya tal desigualdad la libertad no será completa. Es más, el mensaje, y luego el artículo 24 del proyecto, destacan esa desigualdad y avanzan en un interpretación del artículo 2 de la Constitución Nacional que tiende a reforzarla. En otras palabras, por primera vez en la historia se regula de manera expresa en nuestra legislación interna y mediante ley del Congreso, la relación entre el Estado y la Iglesia Católica Apostólica Romana en el segundo párrafo del Art. 24, cerrando la necesaria discusión social, política, jurídica y constitucional sobre la laicidad y separación de iglesia y estado. La utilización del término “Santa Sede” para referirse oficialmente al Estado de la Ciudad del Vaticano, implica ya una determinada visión de la naturaleza del vínculo que se establece.

El mensaje que acompaña el Proyecto de Ley señala un clima de diálogo y convivencia armónica en el campo religioso en nuestro país, cosa que apoyamos y valoramos, pero que sufre por esta inequidad y por situaciones complejas que se dan en la educación pública en varias provincias o por la imposición de imágenes religiosas en espacios públicos comunes.

Los valores del proyecto

Lo religioso tiene una función social y responde a la inescapable dimensión espiritual de la condición humana. Por ello el estado debe garantizar que las entidades que tienen un fin religioso puedan cumplirlo adecuadamente, pero por otro lado no es función del estado desarrollarlas. Ello no implica privilegios ni un tratamiento diferenciado en aquellas responsabilidades que nos son comunes como ciudadanos.

De allí que vemos el proyecto muy positivo en cuanto a la explicitación de los derechos y garantías necesarios para el pleno ejercicio de la libertad de culto. Por ello apreciamos la enunciación del primer capítulo de la ley, su amplitud y sentido. El artículo 4, sobre la espiritualidad de los pueblos originarios, merece ser destacado, ya que reconoce e incluye la dimensión cosmovisional de nuestros primeros habitantes, y enmienda la clara parcialidad e injusticia que se desprendía del artículo 64, inciso 15 de la Constitución de 1853, derogado solo después de más de un siglo y medio, en la Reforma de 1994.

Es también positivo que se reconozca la posibilidad de las personas religiosas de organizarse según sus propias reglas y doctrinas. A diferencia de los anteriores proyectos presentados para regular la actividad religiosa, el actual se da en el marco del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Ley 26.994. En tal sentido es sumamente relevante destacar una modificación jurídica a partir del 1 de Agosto del 2015: la creación y vigencia actual de la persona jurídica religiosa, consagrada en el Art 148,  totalmente operativa en razón de lo que dispone el Art. 142 del mismo cuerpo legal. La legislación ahora propuesta busca regular lo que ha sido establecido por el nuevo Código. De esta manera las entidades religiosas constituidas libremente como personas jurídicas sin registro obligatorio alguno (Arts. 148 y 142 del CCyCN) pueden convivir armónicamente con aquellas que además, deciden ser reconocidas expresamente por el estado a fin de acceder a mejores beneficios, como el contemplado en el Art. 744 del CCyCN.

Esta decisión debe quedar librada al arbitrio propio de cada comunidad, ya que por razones doctrinales, culturales o de diversa índole, algunas pueden preferir mantener el actual estatus. También, y en consecuencia, es valorable que se reconozcan los deberes y atribuciones de sus ministros, la posibilidad de diseñar los instrumentos más aptos para el desarrollo de su misión, y el sentido constructivo de su aporte social como entidades de bien público, con las debidas exenciones y facilidades, hagan o no uso de la inscripción en el nuevo RENAER. En especial, el caso del Secreto Religioso, solo previsto en el proyecto propuesto para las entidades inscriptas.

Nuestras dudas

Varias publicaciones periodísticas e intervenciones de diversos organismos nacionales e internacionales han puesto su mirada sobre el artículo 7 de la ley, que establece la “Objeción de conciencia”. Ciertamente creemos que la objeción de conciencia es un valor positivo de las sociedades democráticas. Ejemplos de valor mundial, como M. Gandhi, Martin Luther King Jr. o el mismo Mahomed Alí, por citar los más conocidos, indican su significación. Hoy en día el ejercicio del derecho a negarse a incurrir en conductas que pueden perjudicar a terceros, al medio ambiente, o la propia dignidad humana debe ser respetado. Sin embargo, reconocemos que la actual enunciación según se da en el proyecto de ley deja abierto el espacio para ambigüedades e interpretaciones que pueden llevarnos a puntos de contradicción. No es un dato menor que el proyecto propone la Objeción de Conciencia como derecho regulado, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación siempre la interpretó como una regla de excepción. Esta cuestión puede dar a eventuales planteos judiciales. Finalmente, la objeción de conciencia puede provenir de otras convicciones, y no solamente las religiosas, y por lo tanto incluirlo en una ley de Libertad Religiosa puede resultar arbitrario.

Ante esta duda nos permitimos sugerir a los señores y señoras legisladores la posibilidad de considerar este punto aparte, sin dejar que obstaculice el debate de otros puntos que nos resultan centrales en este proyecto, y eventualmente considerarlo como una ley específica.

El otro punto donde el proyecto de ley nos parece ambiguo es en los artículos que se refieren a las figuras penales. Especialmente sensible puede ser el artículo 28, modificatorio del artículo 247 del Código Penal de la Nación en donde agrega “En la misma pena incurrirá quien sin resultar ser ministro de culto, ejerciere actos considerados propios de ese ministerio”. Dado que los títulos ministeriales no son uniformes en los distintos cultos, ni existe una autoridad administrativa que los otorgue o regule más allá de la propia organización religiosa, esta cláusula puede dar lugar a cuestiones arbitrarias. De esta forma, ante una falta o cancelación de registro sin siquiera mediar orden judicial (arbitrariedad que señalamos más adelante), el ministro religioso que continúe en su función ministerial podría incurrir en una conducta penalmente reprochable.

Y es frente a estas situaciones que nos surge otra pregunta: Para aquellas entidades o iglesias que decidan no registrarse, cómo se acredita su condición de entidades religiosas una vez que, pasados los 5 años previstos, se extinga el Registro Nacional de Cultos. De la misma manera las no inscriptas deberían poder gozar de la misma autonomía que el artículo 17 prevé para las inscriptas.

También resulta peligrosa la posibilidad de verticalización de las confesiones no católicas al incorporarse en el art. 14 del Proyecto propuesto, el requisito de “autorización” por la entidad “madre” a fin de que una organización “dependiente orgánica o jerárquicamente” pueda inscribirse de forma autónoma. Una vez más, encontramos otra limitación al ejercicio de libertad de culto colectivo y asociado. Incorporar una norma así, es desconocer el principio de autonomía y libertad del que ya gozan las entidades religiosas. Entendemos que para ciertas entidades religiosas la norma propuesta resulta de utilidad por su propia doctrina y conformación, pero en ese caso entendemos que el problema debe ser resuelto por dichas entidades de forma interna, y no plasmarse en una norma nacional y de alcance general a todos los cultos no católicos.

Finalmente, llama la atención que se haya prescindido de la incorporación de la Acción de Amparo Religioso que conformaban algunos de los anteriores proyectos de ley.

Algunas modificaciones necesarias

En respuesta a esta iniciativa deseamos colaborar con sugerencias que en ningún modo comprometen la necesidad y sentido original del proyecto, que es la libertad de culto. Sintéticamente expuestas las propuestas que estamos realizando se relacionan con una mayor amplitud del ámbito de aplicación de la ley para que comprenda a todas las religiones y entidades religiosas, con el único límite del “orden público de las sociedades democráticas” (que proponemos como reemplazo de la expresión “moral pública” –art. 6 Art. 11 inc. g– que es más ambigua y sujeta a interpretación arbitraria).

Nuestros principales desacuerdos radican principalmente en el Capítulo segundo del proyecto en cuestión. La amplia enunciación de derechos del Capítulo 1 ve acá una regulación que tiende a limitarla. En ese sentido queremos ser claros y puntuales, ya que varios de estos puntos fueron introducidos o modificados a posteriori del periodo de consulta a las iglesias.

En cuanto a la documentación a presentar para la inscripción, en algunos puntos parece excesiva, especialmente si se considera la situación de pequeñas comunidades religiosas en zonas desfavorables del país. Es difícil que las miles de pequeñas iglesias y comunidades que funcionan en lugares postergados de nuestro país, o incluso en barrios periféricos de los grandes centros urbanos, puedan dar cabal cumplimiento a los mismos. Ello puede conllevar a desconocer su derecho de libertad religiosa, especialmente en la medida en que estos estén condicionados a su inscripción en el RENAER. Por otro lado, la acreditación del número de fieles y el dejar librado este dato a parámetros de la reglamentación –art. 11 inc. b) puede abrir el camino a cuestiones arbitrarias, como ya se experimentaron en ciertos momentos de nuestra historia. El mismo reproche cabe a la exigencia de “describir sucintamente los principales ritos, cultos y celebraciones, que no deben afectar…la moral pública” que se encuentra en el inc. G del Art. 11. ¿Quién decide esa compatibilidad ante una expresión tan ambigua como “moral pública”?

Especialmente queremos llamar la atención sobre lo que nos parece un atributo excesivo de la Secretaría de Culto, a la cual se le da un poder de control sobre las entidades religiosas que en poco difiere al que tiene en la actual ley 21745. De hecho sigue teniendo a su solo arbitrio la capacidad de denegar la inscripción en el nuevo RENAER, o luego de suspenderla e incluso cancelarla por un periodo de un año –art. 19. No es menor destacar que siquiera el Inspector General de Justicia de la Capital Federal goza de tales prerrogativas, sino que cualquier tipo de intervención en sociedades o entidades civiles, debe requerir la orden del juez natural (inc. e, Art. 6 Ley 22.315). Esto es más grave aún desde que, al unificar la persona jurídica en la persona religiosa, tal suspensión puede traer la imposibilidad de actuar civilmente, con las consecuencias jurídicas, patrimoniales y prácticas que ello puede conllevar. Incluso se supone primero la suspensión, y después la apelación en sede judicial, y la carga de la prueba en contrario queda en cabeza de la persona jurídica religiosa, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Entendemos que puede haber situaciones que hagan necesario indagar sobre algunas actividades ilícitas encubiertas so capa de entidad religiosa, pero toda limitación o merma en los derechos de libertad religiosa y la existencia de la persona religiosa solo podrán ser objeto de una sentencia judicial, por prueba de delitos cometidos.

A ello debe agregase que el artículo 33 faculta a la Secretaría de Culto a establecer “normas complementarias”, dándole facultad legislativa sobre un derecho tan delicado como el de libertad religiosa.

Proponemos también que, junto con el derecho a la educación religiosa que se reconoce en el artículo 2 l), se regule también el deber del Estado de mantenerse neutral en las escuelas estatales. Consideramos que en el aula de las escuelas bajo su gestión el Estado debe ser neutral. Así lo ratificó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su fallo sobre educación religiosa en las escuelas de Salta (http://www.cij.gov.ar/nota-28821–La-Corte-Suprema-resolvi–que-en-Salta-no-podr–darse-educaci-n-religiosa-en-las-escuelas-p-blicas-en-el-horario-escolar-y-como-parte-del-plan-de-estudios.html). A pesar de este fallo, nos preocupa sobremanera, por ejemplo, la situación que en la actualidad viven las niñas y niños de las provincias de Mendoza, Catamarca y Tucumán a quienes el Estado provincial les ha impuesto actividades y programas de educación religiosa que están muy lejos de ser neutrales.

Finalmente, creemos que debe respetarse el actual reconocimiento que realiza el CCyCN a las entidades que no deseen registrarse, quienes gozan actualmente de la personería jurídica que el mismo Código regula. Este es un derecho fundamental ganado luego de muchísimos años de lucha en el campo social, religioso, jurídico y político, que culminó con la incorporación de las entidades religiosas como personas de derecho privado en el Art. 148 CCyCN. Asimismo reclamamos que se respete y se permita la continuidad de aquellas entidades ya constituidas en otras figuras legales, que no deseen traspasar su personería al Registro de Culto. Esto ya había sido planteado a la Secretaría de Culto en un anteproyecto que formó parte de las conversaciones previas a la actual propuesta.

Ya señalamos nuestra objeción al artículo 24, dato que formó parte de nuestras conversaciones previas con la Secretaría de Culto. El proyecto de ley no modifica el actual estatus de la Iglesia Católica Apostólica Romana, regido por normas especiales, y sólo remarca su condición de privilegio respecto de las demás iglesias, confesiones y comunidades religiosas, siendo contradictorio al propósito de la libertad y diálogo religioso. Dado que ese estatuto jurídico forma parte de otro estamento legal y debe ser objeto de otro debate, no tiene porque incluirse en una legislación que no le concierne.

En resumen, creemos que esta ley es conveniente en las actuales circunstancias de nuestro país, ya que hoy tenemos una legislación obsoleta y dictada en tiempos de un gobierno de facto, sin haber sido considerada ni por el Congreso de la Nación ni por las interesadas, hoy totalmente deslegitimada.  Valoramos también el proceso de consultas y la oportunidad que se nos brinda de expresar nuestras inquietudes en este sentido. Queremos confiar en que el proceso democrático nos brinde una ley superadora, que ya no imponga un control inconstitucional a las entidades que permiten la pluralidad y diversidad religiosa que tiene nuestra patria, que no condicione ni restrinja el derecho de libre personería jurídica religiosa ya conquistado en el CCyCN,  ni profundice la ya injusta desigualdad religiosa a partir del estatuto privilegiado que goza la Iglesia Católica Apostólica Romana. En tal sentido expresamos nuestra total disposición a colaborar, al diálogo razonable y nuestra confianza en que, al considerar la letra de la ley, artículo por artículo, se podrán encontrar caminos para superar estos puntos de debate que aún subsisten.

Por la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas

Néstor O. Míguez

Presidente

“ANDÁ A LLORAR A LA IGLESIA…”

Buenos Aires, 24 de mayo de 2018

Ante los acontecimientos y momentos que vive el pueblo de nuestra patria, creemos oportuno recordar el mensaje que expresamos desde la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, el pasado mes de diciembre:

Alégrense con los que se alegran; lloren con los que lloran.
Unánimes entre ustedes; no altivos, sino comprometiéndose con los humildes…
(San Pablo, Carta a los romanos, 12:15-16)

“ANDÁ A LLORAR A LA IGLESIA…”

Ese irónico refrán popular en nuestro país se aplica para quienes, víctimas de una injusticia, atropello o prejuicio, se encuentran sin quien los defienda, sin recursos para reclamar lo suyo, lo justo, lo digno.

La realidad argentina hoy es que, efectivamente, muchos vienen a llorar a nuestras iglesias. En muchos casos abandonados o desprotegidos por sus propios dirigentes, políticos, sindicales, sociales, que defienden sus privilegios a costa de sus hermanos y hermanas, sus compañeros más humildes. Son los y las jubilados, pensionados y beneficiarios de los planes sociales, las familias empobrecidas, los desocupados, las víctimas de la violencia, sea la delictiva o la institucional, de la trata de personas o las distintas formas de discriminación y aún de prejuicios y odio.

Y nosotros, como sus pastores y pastoras, como sus hermanos y hermanas, comprometiéndonos con los humildes, con ellos lloramos y elevamos nuestro clamor al Señor pidiendo equidad y justicia a todos los que sufren.

En una Argentina cada vez más injusta, donde la brecha se agranda cada día, donde el privilegio de ricos y poderosos parece imponerse en todos los campos, el Evangelio de Jesucristo nos recuerda con quienes tenemos que identificarnos, que voces debemos escuchar y levantar, qué justicia procurar.

Es nuestra esperanza que, en algún momento, nuestro pueblo sea capaz de superar esa indefensión y ese odio, soberbia y prejuicio enquistado en muchos corazones, para que esos que hoy lloran puedan alegrarse, y nosotros y nosotras alegrarnos con todos.

En nombre de la Junta Directiva de FAIE:

Néstor O. Míguez | Presidente

Ana María Velilla | Secretaria

Comunicado de la FAIE sobre el aumento de las tarifas de los servicios públicos

SUBSIDIAR LA VIDA
El verdadero costo de las tarifas

La determinación gubernamental de eliminar las subvenciones en los servicios públicos y las energías produce un progresivo y constante aumento en su precio que degrada los salarios.

Nuestro empobrecido pueblo absorbe el costo de esta medida económica endeudándose, suprimiendo consumos elementales, como los alimentos o, simplemente, absteniéndose del uso de tales bienes. De tal manera, mes a mes, se desvanecen sus derechos en pro de beneficios particulares.

Reclamamos políticas de inclusión social, quecomiencenpor los que menos tienen y no por optimizar las ganancias de las empresas, con el fin de estimular inversiones basadas en la esclavitud.

La energía y los servicios públicos, junto ala salud,la alimentación y la enseñanza forman parte de los derechos elementales de nuestro pueblo.

Elevamos nuestra voz para pedir a los tres poderes que conforman el gobierno de nuestra República, en forma conjunta o individual, que impidan el saqueo y latrocinio a las familias de la Patria, que con dolor sufren el despojo de sus derechos básicos y fundamentales.

El paradigma que impone el “sinceramiento” contradice la declaración de los máximos exponentes económicos mundiales, quienes advierten que todas las naciones y, especialmente las más desarrolladas, subsidian las energías y los servicios.

En este sentido, Argentina, en el momento de mayor trasferencia en subsidios, ocupaba el puesto 62º en el ranking mundial, destinando el 3,25% de su PBI (Producto Bruto Interno) para tal fin, siendo este muy inferior a los porcentajes de otros países como: China 20,13%, Rusia 15,98%, Sudáfrica 13,16%, India 12,94%, Polonia 9,13%, Tailandia 6,63%, Turquía 4,51%, EEUU 3,82%, Chile 3,32% y Latinoamérica en promedio 4,48%.

Transgredir la leyes y falsear el derecho transfiriendo riquezas de pobres a ricos rompe el pacto eterno, contamina la tierra y genera toda maldición.

El Creador diseñó y entregó la tierra y sus riquezas a las mujeres y los hombres por igual. Nadie debe enseñorearse de ellas en detrimento de sus hermanos.

La humanidad es el mayor “capital” de la creación, por ende, la solidaridad y la justicia social en forma primordial deben ocupar el máximo “interés” en nuestra sociedad, desplazando al amor por el dinero y la rentabilidad económica, dogma sagrado de la avaricia.

Orando por nuestro pueblo y, en especial, por los que más sufren, reclamamos justicia en esta nuestra tierra.

“Porque si hay buena disposición, lo que se da es bien recibido,
según lo que uno tiene y no según lo que no tiene.
No digo esto para que otros tengan demasiado mientras ustedes sufren de escasez,
sino para que en este tiempo la abundancia de ustedes supla,
con igualdad, la escasez de ellos,
y para que la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes.
De este modo habrá igualdad, como está escrito:
«Quien recogió mucho, no tuvo más,
y quien recogió poco, no tuvo menos.»”
2 Corintios 8,12-15 RVC (adp)

Guillermo Horacio Prein                                                   Ana María Velill
Vicepresidente 1ro                                                               Secretaria

Sobre la interrupción voluntaria del embarazo

 

He venido para que tengan vida, y vida en abundancia.”
Juan 10:10

Nuestra sociedad se encuentra movilizada por el tratamiento legislativo de un proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Creemos importante situar el debate en el contexto de nuestra realidad nacional y vincularlo con otras situaciones que afectan la vida de nuestro pueblo, como las situaciones de violencia de género y femicidio, el desamparo de muchos jóvenes y ancianos, el desempleo, la pobreza que afecta a gran parte de la población, y la disparidad en la distribución de bienes en nuestro país. Todas ellas se relacionan de alguna manera al tema que nos ocupa, ya que contribuyen a generar la condición de muchas de las mujeres que atraviesan la experiencia del embarazo no deseado.

Como Federación Argentina de Iglesias Evangélicas (FAIE) no fijamos posturas doctrinales ni juzgamos éticamente las conductas personales, sino que ofrecemos algunas reflexiones para el necesario debate sobre el tema:

• La vida es un don de Dios, y lo es particularmente en el caso de la vida humana. Ese origen le confiere una dignidad que reclama respeto y amparo. Sin embargo reconocemos que dentro del cristianismo hay diversas doctrinas en este sentido, en cuanto a los modos y alcances de esta convicción, desde posiciones sobre una no-violencia total y respeto irrestricto a la vida, hasta quienes justifican guerras y pena de muerte. Esta diversidad de doctrinas se expresan en las diferentes iglesias cristianas y aún dentro mismo de ellas, incluso sobre la interrupción voluntaria del embarazo. Varias de las iglesias asociadas en FAIE han dado a conocer sus propios documentos al respecto.

Porque contigo está el manantial de la vida; En tu luz veremos la luz.
Salmo 36:9

• Pensamos que el aborto no es la mejor solución para situaciones de embarazos no deseados. Por ello alentamos una política pública activa de educación e información en prevención y profilaxis, y el mejoramiento de las leyes de adopción. A la vez sostenemos que en situaciones extremas es fundamental la preservación de la integridad de las personas y sus derechos personalísimos y ello es lo que debe orientar la acción de la salud pública.

• Las iglesias cristianas a veces hemos contribuido a aumentar el sufrimiento y menoscabo padecido por quienes atraviesan conflictos con el embarazo. Nuestra vocación nos reclama ofrecer sostén, consuelo y acompañamiento y dejar atrás la condena, exclusión o abandono, que empujan a las personas a la soledad y a las “soluciones” menos adecuadas.

“Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá.”
Salmo 27:10

• Es contradictorio que un Estado que pretende proteger la vida intrauterina, luego se desentienda o deje librado al azar o a “las fuerzas del mercado” a la vida recién nacida y su desarrollo saludable. En este sentido deben sostenerse y profundizarse los programas sociales, las ayudas materno-infantil y de escolaridad, la protección de la niñez en riesgo y el acceso a un hábitat digno. Así mismo resulta contradictorio pretender defender la vida penalizando la interrupción voluntaria del embarazo, sin invertir adecuadamente en la asistencia pública y en los programas de salud reproductiva .

La legislación comparada muestra un gran abanico de opciones con diversas posibilidades que deben ser analizadas. Las iglesias y los distintos movimientos de la sociedad civil podemos y debemos contribuir a la discusión pública del tema, pero el Estado debe mantener su autonomía y respeto por el pluralismo. Ello lleva a aceptar el sentir de la mayoría reconociendo y asegurando los derechos de las minorías.
Es nuestro deseo y oración que nuestros legisladores sean iluminados para encontrar aquellos caminos que mejor sostengan la vida de nuestro pueblo y el necesario respeto y cuidado de todos y todas nuestros habitantes.

A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición;
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia.”
Deuteronomio 30: 19

Néstor O. Míguez                                                Ana María Velilla
Presidente                                                            Secretaria